OPINIÓN de Juan Torres López
La crisis se ha llevado por delante muchos principios morales y jurídicos y ha dejado en la cuneta el disfrute de derechos sociales y humanos fundamentales Pero si alguna de las injusticias destaca sobremanera me parece que es el trato que están recibiendo las personas y familias que pierden su vivienda por culpa de una crisis que no han provocado.
Los últimos datos permiten prever que, a finales de año, llegarán a ser unas 300.000, una cifra conservadora que no refleja el daño total que han provocado en el patrimonio familiar de las clases trabajadoras las condiciones leoninas que han acompañado a miles de contratos hipotecarios.
Muchas de esas familias no solo han perdido la vivienda, sino que además siguen pagando la diferencia entre el préstamo recibido (con una tasación al alza de vivienda de por medio) y el valor de ejecución (que suele tasarse, por el contrario, muy a la baja, mucho más de lo que en realidad disminuyen los precios de mercado).
En España, ni el gobierno ni el principal partido de la oposición se han puesto de acuerdo para modificar la Ley Hipotecaria. Hanconvertido en humo el derecho a la vivienda que pregona la Constitución.
La dación de pago es una figura que de forma bastante elemental hubiera podido impedir que, quien ya ha perdido su vivienda, termine además arruinado para siempre pagando cuotas de préstamos que ya no le financian nada y que, para colmo, son el resultado de la desigualdad entre las partes con la que en su día se establecieron las condiciones contractuales.
Pero ha bastado que los bancos amenazaran para que el gobierno se achante una vez más y se haya negado a dar avance alguno en esta dirección.
Es un escándalo y una prueba más de que nuestra democracia está patas arriba que quien haya tenido que salir a defender a los cientos de miles de familias humildes que pierden sus viviendas hayan sido sus propios convecinos y conciudadanos, teniéndose que enfrentar así a partidos mayoritarios, al gobierno y a la policía. Ninguno de esos obispos que con tanto ardor se manifiestan en defensa de la familia para atacar al gobierno, ni las organizaciones que lideran con ese aparente fin, ni el Partido Popular que siempre quiere aparecer como su gran adalid han movido ni un dedo para evitar esos desahucios.
Las plataformas de afectados, el movimiento 15-M y otras organizaciones y partidos son quienes están dando la batalla contra esta inmensa injusticia frente a unos partidos mayoritarios que muestran su verdadera utilidad cuando los intereses bancarios y de los poderosos se interponen.
Esos movimientos contra los desahucios defienden la dación de pago como alternativa a la situación actual, una opción que a mí me parece insuficiente y errónea si no va más allá. Es verdad que evita, si se me permite la expresión, el recochineo de tener que seguir pagando al banco cuando éste ya se ha quedado con una vivienda por debajo del precio de mercado. No es poco pero no se puede considerar que esa sea la alternativa justa y democrática en un país moderno. Al igual que existen en otros de nuestro entorno, deberían de establecerse mecanismos de arbitraje independiente que permitieran que las partes se pusieran de acuerdo sin que los deudores en situaciones de emergencia económica o familiar tengan que perder la vivienda, que es lo que al fin y al cabo ocurre con la dación de pago.
Esta última es un mal menor pero un mal en cualquier caso que no contempla lo que debería ser imperativo: el horizonte del derecho a la vivienda que reconoce nuestra Constitución.
Sería deseable que, además de reclamar la dación de pago con carácter obligatorio y no solo voluntario como existe ahora se antepusiera a ello una reclamación mucho más justa y eficaz: la prevalencia del derecho a la vivienda.
Bastaría con mirar a nuestro alrededor para tomar las instituciones ya existentes y mejorar si fuese necesario, claro que para ello sería necesario mucha mayor dignidad por parte de nuestros legisladores, más independencia de criterio y una actitud más valiente frente a los grandes financieros.
Mientras tanto, seguiremos en la surrealista situación en la nos encontramos: quienes no hacen nada para evitar que los que sufren la crisis pierdan sus viviendas se proclaman defensores de la democracia.
*Juan Torres López es Catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla
La crisis se ha llevado por delante muchos principios morales y jurídicos y ha dejado en la cuneta el disfrute de derechos sociales y humanos fundamentales Pero si alguna de las injusticias destaca sobremanera me parece que es el trato que están recibiendo las personas y familias que pierden su vivienda por culpa de una crisis que no han provocado.
Los últimos datos permiten prever que, a finales de año, llegarán a ser unas 300.000, una cifra conservadora que no refleja el daño total que han provocado en el patrimonio familiar de las clases trabajadoras las condiciones leoninas que han acompañado a miles de contratos hipotecarios.
Muchas de esas familias no solo han perdido la vivienda, sino que además siguen pagando la diferencia entre el préstamo recibido (con una tasación al alza de vivienda de por medio) y el valor de ejecución (que suele tasarse, por el contrario, muy a la baja, mucho más de lo que en realidad disminuyen los precios de mercado).
En España, ni el gobierno ni el principal partido de la oposición se han puesto de acuerdo para modificar la Ley Hipotecaria. Hanconvertido en humo el derecho a la vivienda que pregona la Constitución.
La dación de pago es una figura que de forma bastante elemental hubiera podido impedir que, quien ya ha perdido su vivienda, termine además arruinado para siempre pagando cuotas de préstamos que ya no le financian nada y que, para colmo, son el resultado de la desigualdad entre las partes con la que en su día se establecieron las condiciones contractuales.
Pero ha bastado que los bancos amenazaran para que el gobierno se achante una vez más y se haya negado a dar avance alguno en esta dirección.
Es un escándalo y una prueba más de que nuestra democracia está patas arriba que quien haya tenido que salir a defender a los cientos de miles de familias humildes que pierden sus viviendas hayan sido sus propios convecinos y conciudadanos, teniéndose que enfrentar así a partidos mayoritarios, al gobierno y a la policía. Ninguno de esos obispos que con tanto ardor se manifiestan en defensa de la familia para atacar al gobierno, ni las organizaciones que lideran con ese aparente fin, ni el Partido Popular que siempre quiere aparecer como su gran adalid han movido ni un dedo para evitar esos desahucios.
Las plataformas de afectados, el movimiento 15-M y otras organizaciones y partidos son quienes están dando la batalla contra esta inmensa injusticia frente a unos partidos mayoritarios que muestran su verdadera utilidad cuando los intereses bancarios y de los poderosos se interponen.
Esos movimientos contra los desahucios defienden la dación de pago como alternativa a la situación actual, una opción que a mí me parece insuficiente y errónea si no va más allá. Es verdad que evita, si se me permite la expresión, el recochineo de tener que seguir pagando al banco cuando éste ya se ha quedado con una vivienda por debajo del precio de mercado. No es poco pero no se puede considerar que esa sea la alternativa justa y democrática en un país moderno. Al igual que existen en otros de nuestro entorno, deberían de establecerse mecanismos de arbitraje independiente que permitieran que las partes se pusieran de acuerdo sin que los deudores en situaciones de emergencia económica o familiar tengan que perder la vivienda, que es lo que al fin y al cabo ocurre con la dación de pago.
Esta última es un mal menor pero un mal en cualquier caso que no contempla lo que debería ser imperativo: el horizonte del derecho a la vivienda que reconoce nuestra Constitución.
Sería deseable que, además de reclamar la dación de pago con carácter obligatorio y no solo voluntario como existe ahora se antepusiera a ello una reclamación mucho más justa y eficaz: la prevalencia del derecho a la vivienda.
Bastaría con mirar a nuestro alrededor para tomar las instituciones ya existentes y mejorar si fuese necesario, claro que para ello sería necesario mucha mayor dignidad por parte de nuestros legisladores, más independencia de criterio y una actitud más valiente frente a los grandes financieros.
Mientras tanto, seguiremos en la surrealista situación en la nos encontramos: quienes no hacen nada para evitar que los que sufren la crisis pierdan sus viviendas se proclaman defensores de la democracia.
*Juan Torres López es Catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla
