SERVINDI.- Una “avalancha de leyes de corte neoliberal” aprobadas a partir del golpe de Estado saquean la biodiversidad y facilitan la apropiación de territorios de los pueblos indígenas y negros, denunció la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
La ofensiva general en contra de los pueblos indígenas y negros abarca desde el territorio miskito hasta el del pueblo chorti, indica una declaración de Ofraneh.
La organización anunció que se ha visto obligada ha recurrir al sistema interamericano de justicia, para así tratar de evitar lo que denominan “la tercera expulsión del pueblo Garífuna”.
Entre los casos específicos denuncia la Ley de Regiones Especiales para el desarrollo, conocida como “ciudad modelo”, y que está concebida para subastar franjas del territorio nacional al capital extranjero.
El despojo de las comunidades ubicadas en la Bahía de Trujillo, por la empresa conocida como ‘Banana Coast’, de capital canadiense, es un preámbulo de las inversiones canadiense y coreanas que en el futuro pretenden asimismo apoderarse del territorio Garífuna.
La declaración pública de OFRANEH señala que la política de diluir la propiedad comunitaria por parte de los organismos financieros internacionales, surge de la visión neocolonial de señalar la propiedad comunitaria como un obstáculo para el desarrollo, alentando su individualización.
Señala que el Banco Mundial inició en México su iniciativa para destruir la propiedad comunitaria con su proyecto PROCEDE, posteriormente en Panamá con el PRONAT. De igual forma el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, financió en el Perú la controvertida Ley 1015 conocida también como la Ley de la Selva.
En Honduras no existe un estado de derecho, la Constitución es violada sistemáticamente y la Corte Suprema enfatiza una visión de libre mercado, mientras deniega el derecho a la consulta de los pueblos y defiende una Ley de Propiedad que trasgrede el Connvenio 169 de la OIT.
A partir del golpe de estado el Poder Ejecutivo y Legislativo han emitido una serie de Leyes, que conculcan los derechos de los los pueblos indígenas.
Por ejemplo, en enero de 2010, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la “Visión de País 2010 – 2038” y el “Plan de Nación 2010- 2022” sin informar ni consultar a los pueblos originarios a pesar que su ejecución comprenden los territorios de los pueblos.
Asimismo, el Congreso Nacional de Honduras, emitió en el año anterior medio centenar de decretos relacionados con “energía limpia” facultando a un grupo de familias de la elite de poder local, para la construcción de represas hidroeléctricas.
“Los burócratas afines el régimen de facto de Roberto Micheletti, procedieron de forma acelerada a emitir licencias ambientales, y en el caso de los ríos localizados dentro de territorios de los pueblos indígenas omitieron de forma deliberada consultar a las comunidades” observa Ofraneh.
http://ofraneh.wordpress.com/2011/10/13/292/
La ofensiva general en contra de los pueblos indígenas y negros abarca desde el territorio miskito hasta el del pueblo chorti, indica una declaración de Ofraneh.
La organización anunció que se ha visto obligada ha recurrir al sistema interamericano de justicia, para así tratar de evitar lo que denominan “la tercera expulsión del pueblo Garífuna”.
Entre los casos específicos denuncia la Ley de Regiones Especiales para el desarrollo, conocida como “ciudad modelo”, y que está concebida para subastar franjas del territorio nacional al capital extranjero.
El despojo de las comunidades ubicadas en la Bahía de Trujillo, por la empresa conocida como ‘Banana Coast’, de capital canadiense, es un preámbulo de las inversiones canadiense y coreanas que en el futuro pretenden asimismo apoderarse del territorio Garífuna.
La declaración pública de OFRANEH señala que la política de diluir la propiedad comunitaria por parte de los organismos financieros internacionales, surge de la visión neocolonial de señalar la propiedad comunitaria como un obstáculo para el desarrollo, alentando su individualización.
Señala que el Banco Mundial inició en México su iniciativa para destruir la propiedad comunitaria con su proyecto PROCEDE, posteriormente en Panamá con el PRONAT. De igual forma el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, financió en el Perú la controvertida Ley 1015 conocida también como la Ley de la Selva.
En Honduras no existe un estado de derecho, la Constitución es violada sistemáticamente y la Corte Suprema enfatiza una visión de libre mercado, mientras deniega el derecho a la consulta de los pueblos y defiende una Ley de Propiedad que trasgrede el Connvenio 169 de la OIT.
A partir del golpe de estado el Poder Ejecutivo y Legislativo han emitido una serie de Leyes, que conculcan los derechos de los los pueblos indígenas.
Por ejemplo, en enero de 2010, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la “Visión de País 2010 – 2038” y el “Plan de Nación 2010- 2022” sin informar ni consultar a los pueblos originarios a pesar que su ejecución comprenden los territorios de los pueblos.
Asimismo, el Congreso Nacional de Honduras, emitió en el año anterior medio centenar de decretos relacionados con “energía limpia” facultando a un grupo de familias de la elite de poder local, para la construcción de represas hidroeléctricas.
“Los burócratas afines el régimen de facto de Roberto Micheletti, procedieron de forma acelerada a emitir licencias ambientales, y en el caso de los ríos localizados dentro de territorios de los pueblos indígenas omitieron de forma deliberada consultar a las comunidades” observa Ofraneh.
http://ofraneh.wordpress.com/2011/10/13/292/
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