El relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas advirtió sobre el grave daño que están ocasionando a esas comunidades las industrias extractivas que funcionan dentro o cerca de territorios originarios tradicionales. Al hablar ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, James Anaya, subrayó que las actividades de esta industria son causa de gran preocupación para los pueblos autóctonos del mundo.
“He podido constatar los efectos negativos y hasta catastróficos de estas industrias sobre los derechos sociales, culturales, y económicos de los indígenas. He visto proyectos negligentes en territorios indígenas que se han realizado sin garantías adecuadas y sin la participación de las comunidades indígenas interesadas”, subrayó Anaya.
El experto señaló que observa una polarización y radicalización de las posiciones sobre las extracciones y opinó que la falta de un entendimiento común sobre temas fundamentales relacionados con las industrias extractivas y sobre las normas aplicables entre todos los actores constituye un obstáculo fundamental para la protección efectiva y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas.
Durante el último año Anaya visitó a indígenas afectados por proyectos de minería e hidroeléctricas en Guatemala, Costa Rica y Panamá, y también investigó las circunstancias que rodearon los violentos conflictos en Baguá, Perú, entre la policía e indígenas que protestaban la aprobación de leyes de extracción de recursos naturales.
“He podido constatar los efectos negativos y hasta catastróficos de estas industrias sobre los derechos sociales, culturales, y económicos de los indígenas. He visto proyectos negligentes en territorios indígenas que se han realizado sin garantías adecuadas y sin la participación de las comunidades indígenas interesadas”, subrayó Anaya.
El experto señaló que observa una polarización y radicalización de las posiciones sobre las extracciones y opinó que la falta de un entendimiento común sobre temas fundamentales relacionados con las industrias extractivas y sobre las normas aplicables entre todos los actores constituye un obstáculo fundamental para la protección efectiva y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas.
Durante el último año Anaya visitó a indígenas afectados por proyectos de minería e hidroeléctricas en Guatemala, Costa Rica y Panamá, y también investigó las circunstancias que rodearon los violentos conflictos en Baguá, Perú, entre la policía e indígenas que protestaban la aprobación de leyes de extracción de recursos naturales.
