La FAPE se adhiere a la declaración conjunta
Junta Directiva de la FAPE
La Junta Directiva de la Federación, reunida el sábado 25 de enero, ha decidido su adhesión al manifiesto elaborado por diversas organizaciones y colectivos sociales, académicos y profesionales en un último esfuerzo por salvar el concurso público que permita la elección de los miembros del Consejo de Administración del ente público y la consecuente elección de su presidente
Junta Directiva de la FAPE
La declaración conjunta dice lo siguiente:
REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y FINES SOCIALES. DE LA COMUNICACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
El compromiso con la regeneración democrática y la cultura incluido en el acuerdo del nuevo Gobierno de coalición PSOE y Unidas-Podemos tiene una asignatura pendiente en la urgente y necesaria regeneración del espacio público de comunicación audiovisual, que incluye, de entrada, la reconstrucción de los órganos democráticos de gestión de RTVE.
La culminación del concurso público para la elección de la Presidencia de la corporación y de los miembros del Consejo de Administración de CRTVE con el máximo consenso se revela como la única salida viable a la parálisis institucional que padece esta corporación pública.
Ese fue el compromiso de los grupos políticos cuando aprobaron por unanimidad la Ley 5/2107, de 30 de septiembre, cuya aplicación llegó a su tramo final en anteriores legislaturas con el concurso de los aspirantes y las actuaciones del Comité de Expertos, y que ahora debe terminar su recorrido. No hacerlo representaría un fraude político a la ciudadanía y el golpe de gracia a una radiotelevisión pública que lleva más de año y medio en una provisionalidad insostenible.
Por otro lado, si se habla de agenda social, ello implica atender el derecho de los ciudadanos a acceder a una información libre e independiente y a unos contenidos gratuitos, universales y de calidad, que puedan competir en igualdad de condiciones con los grandes consorcios privados y las cada vez más potentes plataformas de pago.
Es vital que el nuevo Gobierno apueste por una política audiovisual ampliamente reformista y progresista que sirva, a corto y medio plazo, para regenerar el espacio público democrático, reconectar con la sociedad y asegurar una mayor repercusión pública.
Estas actuaciones son urgentes dada la situación actual de RTVE, que sufre una paralización de sus reformas y proyectos estratégicos que deteriora día a día su imagen y su peso social, de una forma que en pocos años será irreversible. Más allá de la caída de audiencias, se trata de la incapacidad actual del servicio público de abrirse a la sociedad y de adecuarse a las profundas mutaciones digitales de los usos sociales de la comunicación.
CAMBIOS LEGISLATIVOS VITALES
También es urgente e indispensable abordar cambios legislativos que nos vienen obligados por la normativa europea, que traicionarán una vez más sus potencialidades de pluralismo y diversidad si no se enfocan desde una visión democratizadora.
Hay importantes aspectos en el campo de la comunicación que es necesario revertir. Como la anulación en su día por la Ley 3/2013 de un consejo audiovisual estatal independiente, previsto en la Ley General del Audiovisual, y su disolución en un macroorganismo, la CNMC, que ha dejado al polo público del audiovisual español sin control ni orientación alguna, y al privado con un control limitado prácticamente a las laxas normas de competencia. Como el descontrol del reforzamiento del oligopolio privado (en radio y sobre todo en televisión), que acapara casi el 90 % de la publicidad y amenaza con llegar en dos años al 100 por 100, haciendo imposible toda competencia, con el grave riesgo que supone para el pluralismo de la opinión pública y cuyo efecto en la vida política y que hemos podido contemplar ya en los últimos períodos electorales.
En consecuencia, las organizaciones sociales firmantes de este documento, requerimos cambios normativos y políticas públicas que deben implementarse a corto y medio plazo.
MEDIDAS URGENTES SOBRE RTVE
Gobernanza
En el plazo más corto posible, culminar el concurso público y nombrar un presidente y un Consejo de Administración entre los seleccionados por el Comité de Expertos. Instamos al gobierno y a los grupos parlamentarios a continuar la tramitación y a llegar al consenso más amplio posible.
Financiación
Restaurar en los próximos presupuestos la dotación de RTVE, aproximándola a los 1.200 millones, establecidos como límite presupuestario en la Ley 8/2009. Estos presupuestos deben de actualizar las tasas por utilización del espectro radioeléctrico y las aportaciones que realizan los operadores de televisión y las compañías de telecomunicaciones y extender estas a los operadores en streaming de contenidos audiovisuales. A medio plazo, llevar a cabo una revisión normativa profunda que permita una financiación sostenible y suficiente.
Nuevo Modelo
Creación de un Consejo, de amplia participación social (con expertos y entidades sociales no lucrativas), para la reforma integral de RTVE.
La búsqueda del reconocimiento de la sociedad, del rigor y la transparencia en la gestión de los recursos que se ponen a su disposición, de la propia exigencia en la evaluación de los resultados, deben presidir la transformación de una nueva RTVE, refrendada con altos niveles de aceptación por el conjunto de la sociedad.
Para ello es imprescindible el compromiso firme del Gobierno, los grupos parlamentarios y los órganos de gobierno de RTVE. Requerimos que, una vez se proceda a la renovación del Consejo de Administración de la Corporación y la elección de su Presidente, se desarrollen las siguientes acciones:
Mandato Marco
Instamos a las Cortes para que en el plazo más breve posible procedan a aprobar un nuevo Mandato Marco, ampliando los compromisos de servicio público a las nuevas plataformas.
Contrato-programa
Tan pronto como se apruebe el Mandato Marco instamos al Gobierno a negociar de forma inmediata con la Corporación el primer Contrato-Programa trienal de la historia de RTVE, como exige la Ley 17/2006, de 5 de junio.
Independencia
En el terreno informativo, la nueva Dirección debe afianzar la independencia, ofrecer al ciudadano una información rigurosa e imparcial y estar dispuesta a someterse a todos los controles que garanticen el cumplimiento de esas obligaciones.
Plan Estratégico
La nueva Dirección de la Corporación debe elaborar a la mayor brevedad un Plan Estratégico para el cumplimiento de las misiones de servicio público, de conformidad con el Acuerdo Marco y el Contrato-Programa. De modo destacado, el Plan debe contemplar la transformación de RTVE en un servicio multiplataforma, abordar la digitalización de RNE en el contexto de la migración digital del conjunto de la radio digital española y conectar a RTVE con la agenda digital española. Entretanto, debe proseguirse con la expansión sistemática a las nuevas plataformas, sin descuidar los canales tradicionales.
Modificaciones de la regulación general
La reciente modificación de las directivas de comunicaciones electrónicas, propiedad intelectual y audiovisuales europeas[1] y la obligación de trasponer las normativas a la legislación española en el plazo debido[2] son las primeras circunstancias a tener en cuenta, por la necesidad de cumplir con sus indicaciones y la obligación de hacerlo en un plazo corto de forma coordinada y coherente.
Plataformas online
Especialmente relevante es la regulación del comportamiento y obligaciones (inversión, aportación al servicio público, protección de menores, accesibilidad, etc.) que equipare a las plataformas on-line con las que soporta la televisión off-line.
Autoridad reguladora
Cambios inmediatos en la CNMC para asegurar su independencia, y para garantizar la presencia de un departamento fuerte, con expertos en el ámbito audiovisual y dotado de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos asignados a este organismo, capaz de regular y supervisar tanto el cumplimiento del servicio público, como la competencia y el pluralismo. La sustitución de los cinco miembros del Consejo de la CNMC que han concluido su mandato debe servir para garantizar la independencia de sus consejeros, con prestigio y conocimientos acreditados en el ámbito audiovisual.
A medio plazo, constituir un Consejo Estatal de Servicios Audiovisuales, que asuma las funciones del (no constituido) Consejo Audiovisual previsto por la Ley General Audiovisual, además del otorgamiento de licencias, la supervisión de todo el sector, público y privado, así como las nuevas competencias de regulación y supervisión sobre los servicios online, derivadas de la Directiva de Servicios Audiovisuales.
RTV Autonómicas
Revisión de su regulación estatal para exigirles trasladar la estructura democrática de gobernanza de RTVE, y para una redefinición de sus misiones de servicio público.
RTV comunitaria y local
Revisión de la regulación y los planes técnicos necesarios para un relanzamiento de los medios comunitarios y el desarrollo reglamentario pendiente desde 2010 del artículo 32 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.
LA Agenda Digital COMO GRAN PROGRAMA DE LA LEGISLATURA
La Agenda Digital ha de ser concebida como un plan sistemático de acceso inclusivo universal a la banda ancha (y no solo de más rapidez y seguridad para los más ricos), pero también y especialmente a los contenidos de calidad informativos, educativos, culturales y de entretenimiento producidos y difundidos por RTVE mediante la TDT, la Radio (que debe migrar progresivamente a la emisión digital) en Internet y las redes sociales. Y de participación intensiva de los ciudadanos y sus entidades sin ánimo de lucro en la construcción de esa Sociedad compartida del Conocimiento.
Un programa en el que el servicio público de radiotelevisión, por sus medios, su experiencia y su todavía importante presencia social resulta indispensable como locomotora del resto de las entidades públicas (museos, bibliotecas, universidades…) y puerta de acceso a todos los ciudadanos
Por tanto, pedimos
- Reelaboración a fondo de la Agenda y los anteriores planes digitales del Gobierno, poniendo el énfasis y las acciones en el acceso universal a la banda ancha como servicio público de primera necesidad. Especialmente, dotar a RTVE de un papel locomotora en la digitalización y difusión de la información y los contenidos digitales de calidad de acceso gratuito.
- Papel destacado del servicio público en la recuperación y redefinición de las políticas culturales.
En resumen, la culminación del concurso público mediante consenso es una oportunidad única para lograr una RTVE independiente y una reforma a fondo de la regulación de los servicios audiovisuales que garantice a todos el derecho de acceso a una información veraz y a contenidos de calidad en el nuevo ecosistema digital.
[1]La Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único digital, la Directiva (UE)2018/1972 por la que se establece el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas y la Directiva y la Directiva (UE) 2018/1808 por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual).
[2]21 meses en el caso de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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