Se cumplen 22 años de una de las mayores catástrofes ambientales de España. La rotura de la balsa de residuos de la multinacional Bolidén en las minas de Aznalcóllar, a 60 kilómetros al norte de Doñana, originó el mayor vertido tóxico de nuestra historia. Sin embargo, la amenaza de este proyecto continúa. Las intenciones de la Junta de Andalucía para reabrir la mina de Aznalcóllar desde 2013 no han hecho más que afianzarse hasta la actualidad. La aprobación el pasado 9 de marzo por el Gobierno de la Junta de Andalucía del Decreto Ley 2/2020, por el que facilitan los permisos mineros, abre el camino para poder abrir minas en Andalucía con menos garantías.
"Reclamamos a la Junta de Andalucía que recuerde lo ocurrido en 1998 y abandone el proyecto de reapertura de Aznalcóllar por sus riesgos para los ecosistemas del Guadiamar y Doñana y al Ministerio de Transición Ecológica que no permita nunca más este despropósito", declara Juanjo Carmona, portavoz de WWF en Doñana.
La sombra de Aználcollar vuelve a proyectarse sobre Doñana. El proyecto de reapertura de la mina fue adjudicado en 2015 por la Junta de Andalucía a las empresa Minorbis (Minera los Frailes) y Grupo México, esta última arrastra un historial contaminante similar al de Aznalcóllar en el estado de Sonora, en México.
Para reabrir la mina, el consorcio minero debe emprender acciones que suponen un grave riesgo ambiental. Por ejemplo, las adjudicatarias necesitarían que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, les autorice previamente el vaciado de la corta minera a cielo abierto de los Frailes, abandonada desde 2001. En este espacio se acumulan 14 millones de metros cúbicos de aguas ácidas (el doble del volumen de lo que se derramó en el accidente de hace dos décadas), que se verterían al espacio protegido de la Red Natura 2000, el Corredor Ecológico del Guadiamar.
Para tratar estas aguas contaminadas, la empresa adjudicataria propuso un procedimiento de depuración, que fue puesto en duda por organizaciones ecologistas, que alertaron de que no era suficiente y que las aguas que se vertieran al Guadiamar y a Doñana llegarían contaminadas.
Esta denuncia ha sido ratificada recientemente por el Ministerio de Transición Ecológica (CHG), que ha denegado, por ahora, este vertido a la empresa adjudicataria, por contener sustancias peligrosas para el Dominio Público Hidráulico que generarían impactos negativos para el Espacio Natural de Doñana. Para WWF, esto demuestra una vez más que este proyecto minero es muy peligroso para Doñana y que la reapertura de la mina supone un riesgo inasumible para uno de los espacios naturales más importantes del mundo.
A pesar de ello, la Junta de Andalucía sigue apostando por un sector que acumula sentencias en su contra. En este último año, WWF ha denunciado ante la UNESCO y el Consejo de Europa los peligros que para Doñana significan los proyectos industriales como la reapertura de la mina de Aznalcóllar o el almacenamiento de gas en el subsuelo del Espacio Natural, y ha solicitado a ambos organismos internacionales que pidan al estado español la retirada de los mismos.
El último movimiento de la Junta en favor de la minería industrial ha sido la aprobación del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía (DL 2/2020), por el que se elimina la obligación de elaborar Planes Especiales y Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable para la implantación de minas, sustituyéndolos por un mero informe.
"La aprobación de este Decreto Ley por la Junta de Andalucía supone un retroceso ambiental histórico que introduce cambios legislativos y normativos que pueden provocar importantes daños ambientales y territoriales", explica Juanjo Carmona.
Este Decreto no solo ha hecho saltar las alarmas de las cinco principales organizaciones ambientales, entre ellas WWF, sino que se han anunciado diversos recursos de inconstitucional en su contra.
Veintidós años después, la Junta de Andalucía parece haber olvidado una catástrofe que liberó al cauce del Guadiamar 5,5 millones de metros cúbicos de lodos y 1,5 millones de metros cúbicos de aguas ácidas, con un alto contenido en metales pesados y otros elementos tóxicos. Un vertido que envenenó la llanura de inundación del río Guadiamar en más de 60 kilómetros y llegó hasta el Espacio Natural de Doñana. Una catástrofe de la que no hubo culpables y en la que además la empresa Bolidén se fue sin pagar los más de 90 millones de euros que la Junta de Andalucía le reclamó por la limpieza del vertido y la recuperación del Guadiamar y Doñana.
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