- Una investigación destapa que el sector ganadero ha deforestado 12.000 hectáreas de selva tropical en el Parque Estatal Ricardo Franco, espacio protegido desde 1997
- Entre las empresas importadoras de carne en España , se encuentran algunos proveedores de grupos hoteleros como Barceló o Iberostar
- Greenpeace pide a estos grupos hoteleros que refuercen sus mecanismos de control para no convertirse en cómplices de la deforestación amazónica
La investigación de Greenpeace se centra en el Parque Estatal Ricardo Franco, un espacio protegido de 158.000 hectáreas creado en 1997 en la frontera entre Mato Grosso, en Brasil, y Bolivia. Debido a su rica biodiversidad, el parque fue creado bajo la categoría de “protección integral”. Según el análisis, desde la creación del parque, más de 12.000 hectáreas han sido deforestadas y, en la práctica, el 71% de su área es reclamada por el sector ganadero como propiedad privada. Estas granjas ganaderas dentro del espacio son incompatibles con los objetivos de protección. De las 137 granjas destacan dos de ellas: Paredão I y II, que suman más de 4.000 hectáreas, de las cuales, al menos, 2.000 han sido deforestadas ilegalmente. En 2016, los daños ambientales en estas granjas fueron objeto de investigaciones y acciones judiciales por parte de la Oficina del Fiscal del Estado de Mato Grosso.
“El caso del Parque Estatal Ricardo Franco se repite en muchos otros lugares de la Amazonía. El actual repunte de la deforestación en el interior de áreas protegidas y tierras indígenas está directamente relacionado con las declaraciones, políticas y estímulos promovidos por el actual presidente Bolsonaro”, ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace España.
La investigación encontró que, entre abril de 2018 y junio de 2019, el ganado de estas dos granjas (Paredão I y II) fue vendido a otra instalación ganadera del mismo propietario pero ubicada fuera del espacio protegido. Esta granja es un proveedor importante de carne de los principales mataderos de Brasil, JBS, Marfrig y Minerva. Pero estos mataderos solo realizan una evaluación de la última granja por la que pasó el animal antes de su sacrificio, no un monitoreo de todos los proveedores a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo, de esta forma, la entrada de animales que pastaban ilegalmente en el citado espacio protegido dentro de la cadena. Este esquema, un verdadero “lavado de ganado ilegal” permite que el ganado pueda ser suministrado a mataderos que se han comprometido públicamente a limpiar sus cadenas de suministro de ganado procedente de áreas afectadas por la deforestación e invasión de áreas protegidas (3).
“La Unión Europea no puede permanecer al margen del enorme impacto ambiental y social de sus cadenas de suministro. El consumo de los europeos provoca cambio climático, pérdida de biodiversidad y violaciones de los derechos humanos.”, ha añadido Soto. “Es urgente que la Comisión Europea ponga en marcha la anunciada legislación que impida la entrada en la Unión Europea de materias primas procedentes de la deforestación”.
Datos recientes analizados por Greenpeace Brasil muestran que la destrucción del Amazonas se está acelerando. Durante el pasado mes de mayo, las alertas de deforestación aumentaron un 34% en comparación con el mes anterior. En este momento, cuando Brasil se está convirtiendo en el nuevo epicentro de la COVID-19, el aumento de la deforestación es la peor noticia, especialmente para los pueblos indígenas, que son las comunidades más vulnerables del Amazonas.
