Expertos de la ONU alientan a Perú a aprobar un tratado pionero en materia de protección ambiental y derechos humanos
El pacto cuenta en la actualidad con veintidós firmas y busca “garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medioambiente sano y a un desarrollo sostenible”, señaló este lunes la presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.
Anita Ramasastry, explicó que el tratado ofrece garantías de buena gobernanza medioambiental, así como de respeto a las garantías fundamentales y que servirá para impulsar el desarrollo sostenible y la conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe.
Por ello, instó al Gobierno peruano a dar “el próximo paso vital hacia adelante” a través de la ratificación del tratado, que estuvo en fase de negociación durante seis años hasta lograr un entendimiento en marzo del 2018.
La nación sudamericana firmó el Acuerdo en septiembre del 2018 y actualmente se encuentra en fase de ratificación por parte del Congreso. De lograrse, solo faltaría la verificación de un país más para que el pacto entre en vigor.
Además, serviría para reforzar los procesos sobre la toma de decisiones medioambientales, la inclusión de las personas en esos procedimientos y abriría la puerta a recursos y compensaciones a las víctimas de daños relacionados con el medio ambiente.
“Asimismo, la ratificación del tratado representa una oportunidad para que las empresas cumplan su importante función de respetar el medio ambiente y los derechos humanos y, por consiguiente, ganen legitimidad y aumenten su sostenibilidad”, destacaron los integrantes del Grupo de Trabajo.
El Acuerdo también incluye normas específicas para la protección de los defensores de los derechos humanos en una región donde “arriesgan sus vidas al defender a las personas y al medio ambiente contra las consecuencias negativas de la actividad empresarial, este tratado regional es fundamental", mencionó Dante Pesce, vicepresidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas.
La recomendación del Grupo de Trabajo fue respaldada por otros especialistas en derechos humanos: Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; David R. Boyd, relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, y Marcos A. Orellana, relator especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.
El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (también denominado como Grupo de Trabajo sobre las empresas y los derechos humanos) fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos en el 2011. El Grupo de Trabajo está integrado por cinco expertos independientes de representación geográfica equilibrada. Ellos son Surya Deva, Elżbieta Karska, Githu Muigai, Dante Pesce (vicepresidente), Anita Ramasastry (presidenta).
Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimiento Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupa de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria, no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
Anita Ramasastry, explicó que el tratado ofrece garantías de buena gobernanza medioambiental, así como de respeto a las garantías fundamentales y que servirá para impulsar el desarrollo sostenible y la conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe.
Por ello, instó al Gobierno peruano a dar “el próximo paso vital hacia adelante” a través de la ratificación del tratado, que estuvo en fase de negociación durante seis años hasta lograr un entendimiento en marzo del 2018.
La nación sudamericana firmó el Acuerdo en septiembre del 2018 y actualmente se encuentra en fase de ratificación por parte del Congreso. De lograrse, solo faltaría la verificación de un país más para que el pacto entre en vigor.
Además, serviría para reforzar los procesos sobre la toma de decisiones medioambientales, la inclusión de las personas en esos procedimientos y abriría la puerta a recursos y compensaciones a las víctimas de daños relacionados con el medio ambiente.
“Asimismo, la ratificación del tratado representa una oportunidad para que las empresas cumplan su importante función de respetar el medio ambiente y los derechos humanos y, por consiguiente, ganen legitimidad y aumenten su sostenibilidad”, destacaron los integrantes del Grupo de Trabajo.
El Acuerdo también incluye normas específicas para la protección de los defensores de los derechos humanos en una región donde “arriesgan sus vidas al defender a las personas y al medio ambiente contra las consecuencias negativas de la actividad empresarial, este tratado regional es fundamental", mencionó Dante Pesce, vicepresidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas.
La recomendación del Grupo de Trabajo fue respaldada por otros especialistas en derechos humanos: Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; David R. Boyd, relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, y Marcos A. Orellana, relator especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.
El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (también denominado como Grupo de Trabajo sobre las empresas y los derechos humanos) fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos en el 2011. El Grupo de Trabajo está integrado por cinco expertos independientes de representación geográfica equilibrada. Ellos son Surya Deva, Elżbieta Karska, Githu Muigai, Dante Pesce (vicepresidente), Anita Ramasastry (presidenta).
Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimiento Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupa de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria, no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
