El acceso a aborto sin riesgos es un componente esencial de una sociedad justa e igualitaria, y es fundamental para la realización de todos los derechos humanos, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. La organización ha publicado su política actualizada sobre el aborto, que se ajusta a la evolución del derecho y las normas de derechos humanos. La política prepara a la organización para emprender trabajo de campaña y de incidencia más sólido acerca del aborto y para apoyar mejor a los movimientos locales que promueven los derechos sexuales y reproductivos.
La política actualizada reconoce el aborto, practicado de manera que respete los derechos humanos, la autonomía y la dignidad, como un derecho de todas las personas que pueden quedarse embarazadas. Amnistía Internacional pide también el acceso universal al aborto sin riesgos y a la atención y la información asociadas a su práctica, además de su total despenalización.
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“Unas 47.000 mujeres mueren cada año tras practicarse abortos en condiciones de riesgo. Esta tragedia mundial sólo acabará cuando el aborto se despenalice totalmente y sea accesible y asequible para todas las personas. El aborto debe recibir la misma consideración que cualquier otro servicio de salud, y toda persona que intente acceder a un aborto debe ser tratada con compasión y dignidad y respetado sus derechos humanos”, ha afirmado Rajat Khosla, director general de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional.
“Nuestra política actualizada se ha elaborado en consulta con personas expertas en derechos humanos, profesionales médicos y el movimiento de Amnistía, y se basa en años de investigación e interacción con mujeres y niñas cuyas vidas han sido destrozadas por leyes restrictivas. Seguiremos reclamando que los gobiernos respeten la autonomía reproductiva y haciendo campaña por el acceso a aborto sin riesgos para todas las personas que lo requieran, sin que medie discriminación, coacción o estigma”.
La política actualizada cuenta con el respaldo de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), que representa a las sociedades nacionales de profesionales médicos de 132 países y territorios.
Las normas y principios internacionales relativos al aborto han experimentado una notable evolución en el último decenio. En sintonía con estos cambios, Amnistía Internacional ha actualizado su postura para asegurarse de que está en mejores condiciones de cuestionar todas las violaciones de derechos humanos que se cometen debido a la penalización del aborto, propugnar la eliminación de todas las barreras que se oponen al aborto sin riesgos y promover la justicia reproductiva, de género y económica.
La política actualizada de Amnistía Internacional:
- Reconoce que todas las personas que pueden quedarse embarazadas tienen derecho al aborto.
- Pide el acceso universal a aborto sin riesgos, lo antes que sea posible y en la etapa más avanzada que sea necesario, y la provisión de atención posterior al aborto y de información relacionada con el aborto basada en evidencia científica.
- Reconoce que las decisiones relativas al embarazo y el aborto repercuten directamente en la totalidad de los derechos humanos.
- Pide la eliminación del aborto de la legislación penal y otras leyes y políticas punitivas, y que se deje de sancionar a las mujeres, niñas y todas las personas que pueden quedarse embarazadas, proveedores de atención de la salud y otras personas por obtener, prestar servicios de aborto o ayudar en su práctica.
- Pide que se reformen las leyes y políticas que limitan el acceso al aborto a circunstancias concretas.
- Confirma que la protección de los derechos humanos comienza al nacer, de conformidad con el derecho internacional.
- Pide a los Estados que hagan efectivos los derechos económicos y sociales mediante la promoción de políticas que empoderen a las personas embarazadas para tomar decisiones libres sobre su vida reproductiva, incluso mediante el acceso a atención de la salud, seguridad social y medios para conseguir un nivel de vida adecuado.
“Reconocemos que el aborto es un asunto profundamente complejo, pero los enfoques punitivos no abordan las muchas cuestiones sociales, económicas y personales que conforman las decisiones de las personas de poner fin a un embarazo. La despenalización total del aborto es esencial para proteger los derechos humanos y evitar nuevas muertes y lesiones a consecuencia de abortos en condiciones de riesgo”.
