Periodistas colombianas, investigadas de los delitos de injuria y calumnia por informar sobre denuncias de abuso sexual
Bogotá, Colombia, 18 de septiembre de 2020 – Las autoridades colombianas no deben dar curso a la denuncia penal por injuria y calumnia contra las periodistas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
A inicios de septiembre, la Fiscalía General de la Nación citó a las periodistas freelance Ruiz-Navarro y Londoño a comparecer a un interrogatorio el 14 de septiembre en respuesta a una denuncia penal por injuria y calumnia presentada contra ellas, según Ruiz-Navarro, quien habló con el CPJ por una aplicación de mensajería.
Ciro Guerra Picón, director y guionista nominado a los premios Óscar, presentó la demanda penal el 2 de julio, con el argumento de que un reportaje que las dos periodistas habían publicado en la revista noticiosa digital Volcánicas el 24 de junio constituía injuria y calumnia, según Paola Tovar, vocera de la Fiscalía y quien conversó con el CPJ en entrevista telefónica.
En ese reportaje, Ruiz-Navarro y Londoño citaban testimonios que señalaban que Guerra había acosado o abusado sexualmente a actrices y a una integrante del equipo de filmación en por lo menos ocho casos entre 2013 y 2019.
De ser condenadas por los delitos de injuria y calumnia, Ruiz-Navarro y Londoño pudieran ser sometidas a una pena de 16 a 54 meses de cárcel y a una multa de aproximadamente USD 375.000, de conformidad con el Artículo 220 del Código Penal colombiano.
“Es absurdo que las autoridades de Colombia investiguen con mayor prisa a las periodistas que publicaron en primicia un reportaje sobre presuntos abusos sexuales que a la persona acusada de cometer esos delitos”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño no deben enfrentar una investigación penal por injuria y calumnia sencillamente por informar sobre un individuo poderoso. Las autoridades colombianas deben suspender la investigación de inmediato”.
Tovar declaró que se citó a las periodistas a un interrogatorio en la investigación preliminar de la Fiscalía, que tiene el objetivo de determinar si inicia formalmente un proceso penal por injuria y calumnia contra las periodistas.
Hablando con el CPJ desde Ciudad de México, donde radica, Ruiz-Navarro expresó que ella y Londoño se habían negado a comparecer a un interrogatorio porque no querían revelar sus fuentes, y aseguraron que su investigación periodística hablaba por sí misma. El artículo identifica a las presuntas víctimas con nombres ficticios, pues las mujeres temían ser vetadas por la industria cinematográfica colombiana si daban a conocer sus nombres reales, Ruiz-Navarro declaró al CPJ.
Guerra negó las denuncias en el artículo de Volcánicas y en un video publicado el 24 de junio que fue reproducido en la Internet por la revista local Semana. El 2 de julio, el estudio de abogados que representa a Guerra emitió un comunicado que anunciaba la denuncia penal por injuria y calumnia, y sostenía que las dos periodistas habían afectado la honra, la dignidad y el buen nombre del cineasta, según informaciones de prensa.
“Esto es muy intimidante”, declaró Ruiz-Navarro, quien también es columnista del diario El Espectador de Bogotá. “Envía un terrible mensaje a los periodistas investigativos y a las mujeres que han sido abusadas sexualmente”.
Tovar declaró al CPJ que la Fiscalía había abierto una investigación preliminar sobre las denuncias de acoso y abuso sexuales contra Guerra.
El CPJ envió un correo electrónico a Guerra para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.
Después de la publicación de este artículo, los abogados de Guerra, Fernando Triana y Ricardo Zuleta, enviaron por correo electrónico un pronunciamiento al CPJ que expresa que, según ellos, el “comportamiento personal” de las periodistas, incluidas las declaraciones a los medios sobre el caso, “podría ser constitutivo del ilícito de calumnia” según el Código Penal de Colombia y debía ser investigado por las autoridades colombianas.
El comunicado señaló que el caso “dista mucho de ser un tema relacionado con la libertad de expresión o de prensa, pues los actos que están siendo investigados se refieren al proceder de las señoras Navarro y Londoño mediante las declaraciones que alrededor de la situación han realizado”.
Por Twitter, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con sede en Bogotá, declaró que con esta decisión la Fiscalía “envía un mensaje adverso a quienes denuncian hechos de violencia sexual, y puede promover un clima de autocensura y miedo”.
